Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL, Comercio y Justicia

El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. En este contexto,  saludable resulta destacar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, no sólo disciplina  el régimen jurídico vinculado a la temática de la responsabilidad civil, sino que lejos de consagrar postulaciones dogmáticas, le asigna a la misma un carácter preventivo y no estrictamente resarcitorio, quedando excluido  además el aspecto punitivo, bemoles  que denotan un avance de gran trascendencia en lo que hace a la protección integral de la persona, entendida como eje y centro de todo sistema jurídico y por ende fin en sí mismo , puesto que más allá de su naturaleza trascendental cada individualidad tiene un valor fundamental frente al cual los restantes aspectos revisten un carácter meramente instrumental.  En este orden de ideas, resulta saludable considerar los alcances del instituto de la prescripción y los efectos suspensivos que se generan en el proceso penal, resultando de singular interés anticipar que la génesis de la persecución penal que motoriza el desarrollo de todo proceso criminal, lo constituye el hecho histórico en su materialidad. Desde esta perspectiva, el hecho ilícito señala el comienzo en el tiempo a partir del instante mismo  de su ocurrencia,  del parámetro que deberá respetarse para decidir  la temporaneidad  o no de cada reclamación describiendo además el ámbito en que debe ser  impetrado el requerimiento. En lo específico, se está hablando de esa reclamación que persigue obtener el resarcimiento frente al hecho dañoso, presentado este  en el ámbito de realidad existencial  en cualquiera de las versiones contempladas por la tradición jurídica argentina, esto es a título de culpa o de dolo.  Bien sabido es,  que todo hecho delictivo genera una doble responsabilidad, a nivel penal y en el ámbito civil, siendo particularmente relevante destacar que el legitimado para deducir la pretensión civil en el proceso penal, deberá inexorablemente respetar dos aspectos primordiales, uno vinculado estrictamente al recaudo de admisibilidad formal de la instancia de constitución de actor civil en el proceso penal y el otro vinculado al tiempo que debe observarse para deducir esa pretensión.  En lo que hace a la cuestión de índole procesal, la ley  de rito señala el rumbo a través de lo previsto en los arts. 24, 26, 97 , 100 y concordantes del C.P.P., precisando que la frontera temporal que dibuja el límite para deducir la instancia civil  en materia de delitos de acción pública  lo indica con precisión  la misma normativa, más concretamente antes de producirse  la clausura de la investigación penal preparatoria,  debiéndose entender por cierto hasta el momento mismo en que quede firme el auto de elevación a juicio. En esa dirección, el art. 100 del C.P.P. dispone que la petición de constitución en  actor civil, deberá presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria, la que será tratada por el Tribunal de juicio”.  En  sintonía con lo que se viene señalando,   la temática es abordada en la obra “Código Procesal de la Provincia de Córdoba-Comentado Editorial Mediterránea de los Dres. Cafferata Nores y Aida Tarditti, en el Tomo 1, pág. 317”.  Con anterioridad a la reforma  de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el que entró en vigencia el primero de agosto de 2.015, el antiguo art. 4037 fijaba el plazo de dos años para promover una acción civil por responsabilidad extracontractual, fijando el actual régimen normativo en cambio  un plazo de 3 años. Sin embargo,  la aplicación operativa de uno y otro plazo y su cómputo a los fines de considerar aplicable la causal de prescripción, dependerá inevitablemente de la fecha en que se produjo el evento dañoso, tomando como frontera temporal  la entrada en vigencia del nuevo régimen normativo. Desde otro costado resulta altamente ilustrativo recordar que  La ley 17711 había incorporado al Código Civil el art. 3982 bis, el que preveía que la constitución como querellante en el proceso penal por parte de la víctima del delito produce la suspensión del plazo de prescripción de la acción civil derivada de ese hecho criminal, la que dura mientras subsista el proceso penal o por desistimiento de la querella.  El efecto interruptivo que autorizaba la normativa consistía en la detención o paralización del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes a su inicio, establecidas por ley, pero no invalida ni destruye los efectos que esta venía produciendo hasta entonces, debiéndose tener muy en cuenta que el efecto consecuencia es la suspensión y no la interrupción. En definitiva,  Sin perjuicio de lo señalado,  el principio rector en causas penales iniciadas con anterioridad a la reforma y concluidas con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo régimen legal,   se inspira en la letra del   antiguo art. 3982 bis del Código Civil que en su texto reza “Si la víctima de un acto ilícito hubiera deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil aunque en sede penal no hubiese pedido resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o  desistimiento de la querella.   En razón del dispositivo legal precitado, no resulta operativa la aplicación de la sanción al peticionante por el transcurso del tiempo conforme lo dispone el art.4037 del Código Civil, si el evento generador de responsabilidad aconteció con anterioridad al primero de agosto del año 2.015.  El flamante Código Civil, no reedita la causal de suspensión de la prescripción de la acción civil a partir de la presentación de la querella criminal, ni reformula su diseño, quedando sin más eliminado el espíritu del antiguo art. 3982 bis como supuesto específico que habilita de suspensión de la prescripción. Es que la suspensión invocada reconoce su fundamento en el carácter independiente que reviste la persecución punitiva estatal respecto del interés privado para intentar un reclamo indemnizatorio reparador, máxime si se tiene en cuenta de que el legitimado para deducir la reclamación, más allá del derecho que el régimen legal que hoy regula la materia, lo autoriza para deducirla  en el proceso penal, puede válidamente también  promoverla  en Sede civil, por lo que no encuentra justificación racional la paralización del plazo de la prescripción.  Pese a todo, en manera alguna fue tranquila la discusión doctrinaria que se encendió en la Comisión de Obligaciones de la XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil,  debatiéndose de manera encendida posiciones tan antagónicas como incompatibles, sin embargo prevaleció el criterio que fija la  inconveniencia de mantener subsistente la causal de suspensión de la prescripción, conforme fuera descripto en la norma del art. 3982 bis del antiguo régimen de fondo, quedando definitivamente eliminada esa causal.  En conclusión, la interpretación racional, integral y no segmentada del caudal normativo que conforma la legislación argentina, permitirá desde la casuística resolver cada caso, sirviendo de fórmula inspiradora armonizar realidad más derecho.      

 

LA PRUEBA ILEGAL EN EL PROCESO PENAL Y LA TEORÍA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL VENENOSO Bien se sabe que las pruebas en el proceso penal, son como los libros en una biblioteca, no se trata de tener muchos sino los mejores. Toda evidencia probatoria directa o indirecta se aspira sea de  alta calidad y  apta para transitar por un proceso de jerarquización a medida que la instrucción crece, permitiendo así  arribar con éxito al resultado buscado en la tarea de persecución penal, esto es establecer la verdad real y aplicar la ley penal sustantiva al caso concreto, asegurando de esta manera se alcance la meta buscada que no es otra que la acreditación de  los dos  extremos de la imputación delictiva, la existencia  del suceso histórico en su materialidad y la participación penalmente responsable del imputado en el mismo. Comercio y Justicia 7-12-17

LAS SALUDABLES BARRERAS EN LA CONSTRUCCION DEL TIPO PENAL En todo  estado de derecho, se impone el deber de preservar por sobre cualquier desborde que se genere frente a la labor cotidiana en la construcción del Derecho Penal el principio de legalidad, preservando a ultranza la seguridad jurídica. En esta dirección a nivel doctrinario precisas directrices restringen y limitan el poder punitivo del estado, consagrándose el valor normativo de la jurisprudencia como  una conquista de enorme valor. Comercio y Justicia 15-11-17

 

EL QUERELLANTE PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL CONTRA MENORES-UNA RESTRICCION INACEPTABLE Como bien se sabe, el querellante particular como sujeto eventual del proceso penal se encuentra habilitado para actuar en el mismo de conformidad  y con los alcances previstos en los arts. 7, 91, 96 y ss del C.P.P. Precisamente la intervención del acusador privado en toda causa penal persigue como objetivo primordial lograr la protección judicial de la víctima, lo que efectivamente podrá efectivizase en la medida en que el ofendido penal ingrese al proceso no sólo en términos formales sino coadyuvando en el terreno procesal con la tarea del Ministerio Público, en aras de alcanzar la verdad real y lograr se aplique la ley penal sustantiva al caso concreto. Comercio y Justicia 24-10-17

CUANDO PRESENTARSE EN SOCIEDAD CON IDENTIDAD FALSA ES DELITO en el concierto de acciones típicas que puede desplegar cualquier individuo, es menester efectuar un distingo entre vacío legal y atipicidad penal y dentro de este último supuesto, resulta de toda necesidad abordar el elemento negativo del hecho ilícito, el que se verifica cuando un determinado evento adjudicado a una persona no es susceptible de sanción punitiva al no encuadrar en la determinación conceptual de figura formal alguna descripta  en la ley fondal, hipótesis en la que se configura entonces una clara causal de exclusión de delito.Comercio y Justicia 11-12-17

COSA JUZGADA IRRITA-EL PROCESO FRAUDULENTO Existe en el Universo del derecho una permanente pugna entre lo justo y lo legal, debate que encierra argumentos que no son obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y los protagonistas del proceso penal vigente en nuestro país donde impera un sistema acusatorio adversarial, jueces, acusador público, querellante particular y defensores, deben estar  bien prevenidos de servir lo primero sin desdeñar lo segundo. Comercio y Justicia 23-8-17

ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. Comercio y Justicia 24-7-7

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16