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Caso Celeste Montes
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Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- Comercio y Justicia 1-6-17

La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Esta es la primera consecuencia del expreso reconocimiento legal a los derechos humanos en la República Argentina consecuencia directa de una  innovación legislativa,  que se refleja en la normativa en vigencia con un efecto despenalizador para las hipótesis contempladas en los arts. 109 y 110 del Código Penal. Concretamente para el supuesto de la calumnia en ningún caso constituirán  delito las expresiones referidas a asuntos de interés público, mientras que en el caso de la injuria el reproche legal no sobreviene frente a la conducta desplegada por el autor cuando las mismas están direccionadas a cuestiones de interés público  o las que no sean asertivas. La columna vertebral de este efecto de despenalización específica que alcanza a  ambas figuras penales , lo constituye la subordinación de nuestra estructura normativa  penal a los cánones rectores de la Convención Americana, inspirados en altos principios fundamentales en materia de seguridad jurídica, resguardando rigurosamente el ejercicio de la libertad de expresión. La reforma introducida a nuestro régimen penal, refleja el impacto que en nuestro régimen legal a nivel nacional ha tenido la resolución emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH). En este escenario el caso “Kimel Vs Argentina”  constituye un valioso precedente en materia de libertad de expresión, ya que el Alto tribunal Internacional ordenó al Estado Nacional dejar sin efecto la Sentencia que condena e indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, intimándolo a modificar la legislación a efectos de evitar violaciones a la libertad de expresión, marcando una nueva era en materia de persecución penal, en lo que hace a la sanción de este tipo de delitos,  quedando exentas de punibilidad las cuestiones de interés público, como así también las que no tenga carácter asertivo. El art. 14 de nuestra Constitución Nacional en línea con los pactos internacionales a los que adhiere, consagra y protege la libertad de expresión e información, sin embargo pese a constituir uno de los derechos fundamentales del ciudadano, en manera alguna este derecho reviste el carácter de absoluto. En efecto, se trata de una garantía para el ciudadano  que se encuentra razonablemente limitada, cuando se verifica el avance de una conducta agraviante, difamatoria, falsa o mentirosa, transgresión que merecerá el debido reproche legal, en la medida en que se demuestre que el autor de la inconducta, conocía la falsedad o bien lo incorrecto de la aseveración y sin embargo siguió adelante, con claro desinterés por el resultado. Conforme la actual redacción de los arts. 109 y 110 del Código Penal, queda excluida la responsabilidad penal del agente, cuando según se trate de injuria o calumnia,  las expresiones vertidas o los calificativos lesivos al honor guarden relación con un asunto de interés público . Desde esta perspectiva, la alusión que el tipo penal efectúa acerca del interés público, guarda inmediato correlato con la necesidad de proteger de manera prevalente la libertad de expresión y de opinión en cualquiera de sus variantes , por sobre la honra de las personas, en la medida por cierto en que esta afectación encuentre conexión con una cuestión de interés general. El objetivo es claro, resguardar el adecuado funcionamiento institucional del sistema democrático y republicano. Sin embargo la libertad de expresión sin censura previa, encuentra una razonable limitación  y  precisamente la Doctrina de la Real Malicia aplicable a los delitos de calumnia e injuria, cuyo nacimiento se produce en Estados Unidos a partir del caso “New york Times Vs Sullivan” en el año 1964, pretende encontrar un razonable equilibrio entre la función de los comunicadores sociales y los intereses y derechos lesionados desde la información emitida, exculpando al periodista sindicado por ejemplo, cuando la alusión lesiva que contiene su declaración alcanza aspectos de interés institucional u otro asunto vinculado con la cosa pública atinente a la sociedad toda.  Ahora bien, cuando se transgreden las fronteras de la prudencia, violentándose visibles límites legales, el autor del agravio deberá responder, quedando en tal caso a cargo del afectado probar que el periodista actuante  por ejemplo conocía la falsedad de la imputación sin recurrir a mayores esfuerzos intelectivos, y sin embargo con inquina, temeridad  y despreocupación siguió adelante con el deliberado propósito de injuriar o calumniar. Se verifica una inversión del “Onus Probandi”, quedando a cargo del accionante el deber de acreditar que las expresiones motivo de queja resultan agraviantes, que se conocía la medida de su inexactitud , el perjuicio ocasionado , el desprecio por el resultado y la presencia del elemento volitivo (Dolo). Debe tenerse muy en cuenta que el honor de una persona merece rigurosa protección, máxime cuando se trate de una persona que no es pública, aspecto que la torna más vulnerable, sin embargo el agredido deberá probar que la noticia fue publicada o divulgada con real malicia. Como colofón debe resumirse que la Doctrina de la Real Malicia representa el saludable equilibrio que debe imperar entre comunicadores sociales, prensa en general y los derechos individuales cercenados a partir del desarrollo de determinadas expresiones , excluyendo la responsabilidad penal del autor señalado bajo determinadas circunstancias y trasladando la carga de demostrar de que las aseveraciones lesivas fueron efectuadas con conocimiento de que eran falsas o mediando despreocupación  al respecto . El ejercicio el derecho a la información será lícito en la medida que respete el perímetro conceptual que inspira la teoría. Todo acto con efecto disvalioso que atrape  el tipo descripto en la normativa premencionada según se trate de injuria o calumnia, delitos de carácter formal, que no exigen un resultado material, merecerá el debido reproche legal en el marco de las saludables limitaciones  que deben analizarse al tiempo de ponderar el respeto al derecho y la reputación de los demás sin descuidar la especial significación que el debate respetuoso tiene en una sociedad democrática sobre cuestiones que son de interés público.

 

LA PRUEBA ILEGAL EN EL PROCESO PENAL Y LA TEORÍA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL VENENOSO Bien se sabe que las pruebas en el proceso penal, son como los libros en una biblioteca, no se trata de tener muchos sino los mejores. Toda evidencia probatoria directa o indirecta se aspira sea de  alta calidad y  apta para transitar por un proceso de jerarquización a medida que la instrucción crece, permitiendo así  arribar con éxito al resultado buscado en la tarea de persecución penal, esto es establecer la verdad real y aplicar la ley penal sustantiva al caso concreto, asegurando de esta manera se alcance la meta buscada que no es otra que la acreditación de  los dos  extremos de la imputación delictiva, la existencia  del suceso histórico en su materialidad y la participación penalmente responsable del imputado en el mismo. Comercio y Justicia 7-12-17

LAS SALUDABLES BARRERAS EN LA CONSTRUCCION DEL TIPO PENAL En todo  estado de derecho, se impone el deber de preservar por sobre cualquier desborde que se genere frente a la labor cotidiana en la construcción del Derecho Penal el principio de legalidad, preservando a ultranza la seguridad jurídica. En esta dirección a nivel doctrinario precisas directrices restringen y limitan el poder punitivo del estado, consagrándose el valor normativo de la jurisprudencia como  una conquista de enorme valor. Comercio y Justicia 15-11-17

 

EL QUERELLANTE PARTICULAR EN EL PROCESO PENAL CONTRA MENORES-UNA RESTRICCION INACEPTABLE Como bien se sabe, el querellante particular como sujeto eventual del proceso penal se encuentra habilitado para actuar en el mismo de conformidad  y con los alcances previstos en los arts. 7, 91, 96 y ss del C.P.P. Precisamente la intervención del acusador privado en toda causa penal persigue como objetivo primordial lograr la protección judicial de la víctima, lo que efectivamente podrá efectivizase en la medida en que el ofendido penal ingrese al proceso no sólo en términos formales sino coadyuvando en el terreno procesal con la tarea del Ministerio Público, en aras de alcanzar la verdad real y lograr se aplique la ley penal sustantiva al caso concreto. Comercio y Justicia 24-10-17

CUANDO PRESENTARSE EN SOCIEDAD CON IDENTIDAD FALSA ES DELITO en el concierto de acciones típicas que puede desplegar cualquier individuo, es menester efectuar un distingo entre vacío legal y atipicidad penal y dentro de este último supuesto, resulta de toda necesidad abordar el elemento negativo del hecho ilícito, el que se verifica cuando un determinado evento adjudicado a una persona no es susceptible de sanción punitiva al no encuadrar en la determinación conceptual de figura formal alguna descripta  en la ley fondal, hipótesis en la que se configura entonces una clara causal de exclusión de delito.Comercio y Justicia 11-12-17

COSA JUZGADA IRRITA-EL PROCESO FRAUDULENTO Existe en el Universo del derecho una permanente pugna entre lo justo y lo legal, debate que encierra argumentos que no son obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y los protagonistas del proceso penal vigente en nuestro país donde impera un sistema acusatorio adversarial, jueces, acusador público, querellante particular y defensores, deben estar  bien prevenidos de servir lo primero sin desdeñar lo segundo. Comercio y Justicia 23-8-17

ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. Comercio y Justicia 24-7-7

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16