Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES, Comercio y Justicia 9-5-17

El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. En este contexto este protagonista esencial del proceso, en cada acto promueve la acción de la justicia, en procura de arribar a la verdad real, excitando de manera constante al órgano jurisdiccional y demás operadores judiciales a fin de acreditar los extremos de la imputación delictiva o bien propugnar la inocencia según corresponda, evitando convertirse en un acusador a ultranza obsesivo y arbitrario. Siempre su actuación se encuentra encaminada a defender la ley , promoviendo la acción de la justicia, de los derechos de los ciudadanos y el interés público, aunque su trabajo como parte interesada en el proceso se encuentra constantemente orientada a la protección del interés social, ejercitando la acción penal , con prescindencia de la existencia de un acusador privado, representando en cada acción al anhelado centinela de los derechos fundamentales y libertades públicas, procurando desde ese lugar mantener indemne el interés general. En el Derecho Penal contemporáneo, ya nadie duda que el titular de la acción penal, tiene como misión central acusar, representando en su tarea una racional y conveniente limitación desde la labor cotidiana investigadora a la actividad funcional del órgano jurisdiccional en su rol de juzgador y garantista con permanente función imparcial. En nuestro pais, impera un régimen acusatorio adversarial, que ha reemplazado a un inequitativo sistema inquisitivo-mixto, comandando el titular de la vindicta pública desde los albores de cada instrucción la investigación de hechos delictivos, ejercitando según corresponda la acción penal de oficio o a petición de parte. Ahora bien, debe quedar en claro que el fiscal como parte integrante del proceso penal, no resulta alcanzado por el deber de imparcialidad, por lo que su tarea interesada irremediablemente está impregnada de parcialidad, no obstante lo cual jamás debe convertirse en un persecutor arbitrario , debiendo inspirar su alta misión el principio de objetividad, cautelando el interés público, pero jamás descuidando trabajar por el descubrimiento de la verdad real, para evitar convertirse desde la obstinación  en un cazador irracional y dañino . La conducta prudente y objetiva del titular de la acción pública entonces, debe alinearse a la necesidad de alcanzar la verdad real y no generar emboscadas. Por esta razón el Ministerio Público tiene a diario un doble compromiso, desde un costado la prudente objetividad escudriñando acerca de las circunstancias constitutivas del hecho delictivo, pero siempre procurando no sólo acreditar la existencia de los hechos históricos en su materialidad sino propiciar según corresponda la inocencia del señalado. Esta es la mayor de las cualidades que debe conservar quien dirige la acción penal, efectuando  en cada actuación una valoración de la situación que se presente de manera integral, prescindiendo de su particular manera de pensar  o cualquier sentimiento que le pueda generar particulares reacciones contaminantes,  evitando así empañar la misión persecutoria estatal que no es de naturaleza jurisdiccional. En uno de sus trabajos Cafferata Nores explica: “ Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deben ser objetivos en su actuación persecutoria debiendo procurar  la verdad sobre la acusación que prepara o sostiene, y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones, resulten contrarias o favorables al imputado. No pueden ocultar por cierto los elementos de prueba favorables a la defensa”. El camino es largo y debe trabajarse de manera constante y diaria para consolidar la cultura de la objetividad funcional en la labor del fiscal, parte esencial del proceso penal como sujeto procesal y que forma parte de un departamento constitucional singular, fiel guardián de la legalidad y de los intereses de cada ciudadano, guardando una óptica si bien persecutoria saludablemente coherente y racional en cada causa en la que interviene.

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16