Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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LAS SALUDABLES LIMITACIONES DEL DERECHO PENAL, Comercio y Justicia

 
En todo estado de derecho, necesariamente debe existir un marco jurídico regulador, una
conformación normativa que se encuentra subsumida a una ley superior y rectora, que es la Constitución Nacional. Es en este escenario, el ámbito natural en el que las autoridades que gobiernan y organizan la vida social de cada actor, desde sus distintas funciones y destinos,indefectiblemente debe respetar las fronteras que dibujan un orden jurídico con escalas jerárquicas. Un escenario en el que queda inevitablemente subordinado todo poder de ese estado al régimen legal imperante, debiéndose respetar de modo irrestricto los derechos individuales y garantías fundamentales de cada ciudadano. Es que el estado no ejerce ni detenta el poder absoluto al tiempo de hacer efectivo el anuncio punitivo frente a la conducta que invade el terreno de la ilegalidad, ya que existen límites precisos que contienen y reducen la respuesta punitiva y que se inspiran en concretas bases constitucionales. A nadie se le ocurriría racionalmente hoy, poner en duda en el contexto en el que se analiza, las bondades que en materia penal ofrece el principio de mínima intervención, preservando la vigencia operativa del derecho penal sólo para casos en donde las herramientas legales alternativas sucumben en el camino de la protección de los integrantes de la sociedad y sus legítimos derechos. Por ello, el diseño normativo penal, se anuncia como la última ratio, procurando disminuir desde su potestad represiva la violencia social. Sólo se puede construir la idea de república, derecho o democracia, desde el reconocimiento y aceptación de una necesaria aunque cuidadosa limitación de la función punitiva estatal, desde el legítimo derecho a ejercer el poder de castigar , límites estos que guardan directa vinculación con la prudente y racional aplicación de la sanción punitiva, y en la medida en que la misma aparezca como absolutamente indispensable para mantener el orden social, asegurar la convivencia pacífica, preservar la integridad física, la vida , la libertad, el honor y hasta el patrimonio de cada mortal. En línea con lo que se viene expresando, se impone además la prioritaria necesidad en cada caso de discernir entre lo útil y lo inútil, el valor y el disvalor. Un estado represivo concebido a ultranza en su misión sancionatoria, termina pulverizando toda posibilidad de seguir un proceso de construcción de un derecho penal humanizador. Toda intromisión del estado en consecuencia, debe  verificarse en términos absolutamente necesarios, buscando la protección de quienes componen el grupo social, aunque evitando por todos los medios posibles, transformar la pena o el encierro como antídoto ideal frente a cualquier desborde. Sólo la agresión a los bienes jurídicos de trascendencia, debe habilitar la intervención punitiva que prevé el derecho penal, dejando reservado para las otras ramas del derecho su respuesta frente a transgresiones menores, o de escasa entidad. En consecuencia, el poder de imperio que ejercen los miembros de la Justicia en materia penal, debe aplicarse en situaciones absolutamente indispensables, evitando lesionar con la fuerza de un reproche represivo derechos fundamentales. Esta es una forma de organizar un sistema de control en el mundo  criminal más útil y efectivo optimizando los resultados en casos de acreditada necesidad,
evitando debilitar los efectos de la respuesta sancionatoria en supuestos que bien pueden ser abordados en otros ámbitos de la estructura normativa en vigencia. En un verdadero estado de derecho, la intervención penal debe reconocer límites claros, y esto resulta una consecuencia derivada del reconocimiento a expresos principios de protección de bienes jurídicos, de respeto a la dignidad humana, como proporcionalidad de la pena, legalidad, prohibición de analogía, irretroactividad, subsidiariedad, fragmentariedad, exclusividad de protección de bienes jurídicos, necesidad entre otros. Tal vez el magno problema radica en comprender la imperiosa necesidad que tiene cada integrante de nuestra sociedad, generalmente inerme y en clara situación de desventaja frente al conflicto diario de buscar alivio y protección real, sin embargo si la aspiración es construir un estado que regule sus derechos, determine limitaciones y evite los desbordes innecesarios , tutelando sus bienes jurídicos de conformidad a un marco normativo regulador inspirado en principios garantistas, la idea de lo absoluto debe ceder, dando paso a la limitación de la respuesta. Para concluir bueno es destacar que el principio de intervención mínima conocido también como “Principio de Ultima Ratio”, sugiere la aplicación de sanciones penales solo en la medida de lo absolutamente indispensable, cuando el peligro o el mal ocasionado no puede ser resuelto en otros ámbitos de la legislación, no siendo conveniente que el reproche penal alcance a conductas que si bien lesionan bienes jurídicos y necesitan de protección legal, no resulta conveniente sin embargo que el escudo protector se busque en la legislación penal. Pensar en contrario, importa exhibir un estado ejerciendo el poder absoluto de castigar, lo que resulta absolutamente perjudicial, debiendo limitarse esta respuesta para supuestos de ataques peligrosos, analizándose desde la casuística cada problemática. Lo que se expresa, 
guarda íntima vinculación con un creciente proceso de destipificación de algunas figuras 
penales como por ejemplo el desacato. Hans Kelsen dijo “El derecho es norma y sólo 
norma”. Ninguna posición monista asegura transitar por el camino correcto, desde que el 
derecho penal está impregnado de todo condimento social, político, económico y cultural y crece al ritmo de las necesidades de una sociedad cambiante y con nuevas necesidades.

 

COSA JUZGADA IRRITA-EL PROCESO FRAUDULENTO Existe en el Universo del derecho una permanente pugna entre lo justo y lo legal, debate que encierra argumentos que no son obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y los protagonistas del proceso penal vigente en nuestro país donde impera un sistema acusatorio adversarial, jueces, acusador público, querellante particular y defensores, deben estar  bien prevenidos de servir lo primero sin desdeñar lo segundo. Comercio y Justicia 23-8-17

ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. Comercio y Justicia 24-7-7

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16