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INJURIAS EN JUICIO Y LA EXCUSA ABSOLUTORIA, Comercio y Justicia 26-7-2016

El sagrado ejercicio de la defensa en juicio que tiene cada parte en el proceso, en manera alguna puede verse coartado por el temor de que determinadas expresiones  puedan ser alcanzadas por una sanción penal. El anuncio punitivo que contiene la estructura penal codificada no puede válidamente paralizar la actividad del litigante que necesita expresarse con libertad al tiempo de elevar su grito de protesta al hacer valer sus derechos. Concretamente, toda expresión que efectúe el justiciable litigante ante un Tribunal, con motivo de su actividad funcional desde el lugar que ocupa en el proceso, ya sea como actor, demandado, acusador , acusado, denunciado, actor civil, querellante particular, defensor y hasta el propio representante del Ministerio Público, se encuentra sustraída del régimen penal represivo que nuestro ordenamiento jurídico-penal prevé, quedando sólo subsistente la eventual responsabilidad a nivel disciplinario según corresponda, por el exceso verificado a partir de las expresiones vertidas. La hipótesis absolutoria que recepta el art. 115 del Código sustantivo, es clara “ Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante  los Tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetos únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes”. La causal de justificación que se analiza, guarda directa vinculación con la vigencia de expresas garantías procesales de raigambre constitucional (Art. 18 C.N.), consagrando asimismo la Carta Magna entre esas garantías,  una fundamental , la inviolabilidad de la defensa en juicio. “…Es inviolable la defensa en juicio de la persona y los derechos….”. La Constitución misma asegura al individuo un marco protector para que durante el proceso, despliegue toda la actividad necesaria para defender sus derechos y su persona, es decir demostrar su inocencia o la legitimidad de los  derechos que invoca en toda su dimensión. Ninguna ley ni autoridad, puede válidamente impedir mediante disposición normativa  que un individuo ejercite la defensa de sus derechos, imponiéndole  un catálogo con condiciones que le impidan ejercer en plenitud su defensa en el proceso. Lo que se expresa, está en línea con lo que el máximo Tribunal de Corte Nacional en reiteradas oportunidades ha dicho, “ La garantía de defensa en juicio abarca no sólo la posibilidad de ser oído, sino de producir pruebas y controlar las que puedan producirse”. Desde otro costado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece en su art. 11, que toda persona  a quien se acuse de un hecho ilícito, tiene derecho a  la presunción de su inocencia, hasta tanto se prueba su culpabilidad en juicio público, donde haya podido ejercitar su defensa en juicio. En idéntica  dirección se pronuncia el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en vigencia desde el 23 de Marzo de 1976 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969 en su art. 8.  En definitiva, la dispensa punitiva que se examina, constituye una concreta excusa absolutoria, un impedimento concreto para hacer efectiva la punibilidad, verificándose en este supuesto, la renuncia estatal a ejercer el “Ius Puniendi”. No es otra cosa que una eximición de responsabilidad penal respecto de toda injuria vertida en juicio, mientras no sea dada a publicidad. Es particularmente relevante destacar, que la dispensa estatal en manera alguna alcanza a quien no sea parte en el proceso, esto es por ejemplo los testigos, intérpretes etc. El interés del legislador, y el espíritu de la ley es claro, evitar que la expresión ofensiva o agraviante supere las fronteras de la controversia judicial dentro del proceso, tomando estado público, y llegue a un número indeterminado de personas, ya sea que la actividad transgresora la haya provocado el autor incluso un tercero. Debe quedar en claro, que el tipo objetivo debe referirse a una actividad injuriosa,  no alcanzando esta eximente a la calumnia, y por cierto  estas deben haber sido proferidas por ante Tribunales unipersonales o colegiados, por medio de escritos incluso en forma oral o por otros medios alternativos, pero siempre dentro de los límites de la causa y no necesariamente esta excusa alcanza a expresiones vertidas  que guarden vinculación con temas que hagan a la causa judicial y su estricta controversia. En definitiva, la ley está brindando un escudo protector para que las partes en una contienda judicial, no encuentren limitación respecto de la posibilidad de hacer valer sus derechos y ejercitar su defensa a partir de la amenaza punitiva paralizante, quedando por imperio de la ley cualquier interferencia  normativa excluida.

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16