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Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
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LA FUNCION DE LA PENA, Comercio y Justicia 9-4-15

En un estado de derecho, la pena teleológicamente hablando aspira a cumplir dos objetivos, sancionar y corregir, y en este contexto bueno es recordar, que la potestad sancionatoria en manera alguna es absoluta e ilimitada, sino que los presupuestos de punibilidad encuentran limitaciones, donde el magistrado aplica racionalmente baremos, evitando así el uso arbitrario del derecho penal por parte del estado. La télesis inspiradora del proceso penal, nace desde la necesidad prioritaria, de que la sanción frente a la actividad antijurídica, culpable y punible, encuentra su basamento en tres pivotes fundamentales a saber, por un lado la retribución irremediablemente vinculada a la actividad preventiva, desde otro costado la reinserción del destinatario de la pena y finalmente se recepte el contenido de un mensaje claro , que sin medias tintas debe llegar al umbral de quien no entiende que la única manera de convivir en una sociedad civilizada, es desde el respeto a la ley, y el cabal conocimiento de quien la viola, será efectivamente castigado. Sólo desde esta perspectiva, se podrá aspirar a la readaptación del delincuente, sin desproteger el interés de la sociedad entera.  Sin embargo, la idea de equidad, como justicia del caso particular que tiende a atemperar el excesivo rigorismo de las leyes, jamás debe estar ausente, y será la culpabilidad del agente, la que permitirá graduar su extensión de manera racional, evitando al tiempo de su consideración, contaminaciones nocivas, como el clamor popular, la pretensión vindicativa, o bien la intromisión inaceptable de intereses ajenos al Poder Judicial, desnaturalizando el objetivo de la misma.  Así y solo así, la pena habrá honrado los objetivos más altos al que aspira el proceso penal, en la necesidad de lograr la prevención general, una retribución justa como respuesta punitiva, la reinserción social y la efectiva protección del condenado. Todo juez siguiendo los lineamientos de una correcta praxis funcional, es un centinela de las garantías procesales de fuerte raigambre constitucional, en las que debe inspirar cada una de sus decisiones, las que cobran mayor relevancia en el proceso penal donde los derechos y las libertades de los ciudadanos se encuentran en juego. En materia de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, la columna vertebral  es precisamente la pena, la que debe estar embebida de garantías penales sustanciales, a fin de evitar que la arbitrariedad  conduzca a condenaciones que si bien pueden aparecer como legítimas, resultarán abiertamente injustas. La tarea de juzgar y  según corresponda condenar, no es una  labor sencilla, en la alta misión que  tienen los magistrados, y que se encuentra por encima de los hombres y por debajo e Dios. Por esta razón con criterios de prudencia, y desde la mirada esclarecedora que la casuística le ofrece al juzgador, se deberán extremar los recaudos para dar un correcto uso a los baremos que nuestro Código Penal le ofrece al Sentenciante en la tarea de graduar la pena a aplicar. En razón de lo expuesto, cobra singular importancia , entender que todo Juez debe enmarcar su conducta al tiempo de mensurar la pena , en el precepto superior art. 75 inc. 22 de la C.N, art. 8. 4 de la CADH., evitando caer en la tentación de lesionar el principio de culpabilidad , al efectuar por ejemplo valoraciones respecto de procesos concluidos, por cuanto esto importa una actividad que por inconstitucional resulta arbitraria . A través de la pena, se intenta en todos los casos, restaurar el orden social, a partir del daño ocasionado, en orden a la comisión de un hecho delictivo. Esta supone una retribución proporcional, aunque desde el concepto de Justicia Retributiva, donde el norte sea respetar parámetros de racionalidad y proporcionalidad, evitando caer en la tentación  de utilizarla con carácter retrospectivo.  Si la pena como fin en si mismo, se convierte en un efecto reparador del daño causado, deberá entonces irremediablemente  ser graduada  en orden a la intensidad del mismo, buscando un justo equilibrio entre el hecho dañoso y el castigo impuesto.  “ El castigo judicial, no puede nunca ser usado como mero medio para promover otro bien, ya sea a favor del criminal mismo, o de la sociedad civil, sino que debe en todos los casos, imponérsele bajo el sustento de que se ha cometido un crimen”  Inmanuel Kant.

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16