Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

Publicaciones

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL-JUSTICIA EN TIEMPO REAL Comercio y Justicia 2-12-14

 El Senado de la Nación acaba de dar media sanción al nuevo Código Procesal Penal que impulsa el gobierno. Los cambios que sugiere la reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación, auspician una renovación radical en la dinámica de los procesos penales, dotando a los fiscales de mayor poder investigativo, descomprimiendo la labor del órgano jurisdiccional, que tendrán la función central de garantizar el  debido proceso y dictar Sentencia. Entre los aspectos más relevantes debe destacarse que se mantiene el criterio de habilitar la expulsión de extranjeros sorprendidos en flagrancia, estableciéndose el decomiso de los objetos o ganancia que son fruto o provienen del narcotráfico a favor del Estado Nacional , aunque con una fórmula más atenuada a la primigenia. Asimismo este proyecto prevé que la suspensión del proceso a prueba , el que se hará operativo cuando el delito prevea una pena cuyo máximo sea de tres años de prisión y el acusado no haya recibido una condena a prisión o bien hubieran transcurrido cinco años desde el vencimiento de la pena. Se elimina además el controvertido concepto de “conmoción social”, excusa utilizada para avalar y justificar el encierro preventivo (prisión preventiva), ergo este mecanismo se aplicará con criterio casuístico, examinando la gravedad de las circunstancias que rodean al hecho y las particulares condiciones del imputado, lo que será valorado a los fines de expedirse acerca de considerar verificados los extremos de peligro de fuga o bien obstaculización el proceso. Se establece el juicio oral y público como escenario propicio para desarrollar el juicio y llegar a Sentencia,  incorporándose el sistema de sorteo para concretar la distribución de causas a los acusadores, quedando desprovista la Procuración General de la Nación de la posibilidad de asignar expedientes de manera discrecional, consolidando la transparencia en la asignación de procesos y tareas . Conforme se desprende de las innovaciones que se incorporan a la ley de rito, serán los fiscales los encargados de motorizar las causas en la etapa instructoria, actuación que conforme la nueva performance procesal, deberá llevarse adelante en espacios temporales acotados. En efecto la investigación penal preparatoria del Fiscal, no puede exceder el plazo de un año y el proceso completo en ningún caso puede exceder el término de tres años. Si bien estas modificaciones enaltecen las bondades de la reforma, no debe descuidarse sin embargo que en causas penales de cierta complejidad como las vinculadas a procesos de corrupción, donde es necesario la amplitud de debate y prueba, el plazo limitante irremediablemente genera  un riesgo para el éxito de la investigación y se cierne inevitablemente sobre estos procesos el peligro cierto que muchas causas terminen en el archivo. Pese a todo, a nadie se le puede negar el derecho a acceder a una pronta definición de los procesos penales, derivación natural de la garantía del debido proceso y de duración razonable del mismo, de fuerte raigambre constitucional, consagrada en distintos tratados internacionales y reflejada en nuestra carta magna en el art. 75 inc. 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional y art. 39 de la Constitución Provincial. Desde esta perspectiva el máximo Tribunal de Corte Nacional tiene dicho que la garantía constitucional de la defensa en juicio, incluye el derecho a obtener un pronunciamiento que dilucide la situación del imputado de la manera más breve posible, para poner término a la situación de incertidumbre que genera el enjuiciamiento. Al producirse una clara delegación en el manejo de las investigaciones a mano de los Fiscales se fortalecen sustancialmente los principios de celeridad, oralidad y publicidad, convirtiéndose en un instrumento de mayor eficacia en la lucha contra el delito, alejando el peligro que el paquidérmico avance en la sustanciación de algunas causas penales, representa frente al reinado de la impunidad. Mediante este nuevo sistema acusatorio, se concreta un paso histórico en la Justicia Criminal, dotando a la estructura del Poder Judicial de herramientas eficientes  para dar respuesta razonable y en tiempo oportuno al caudal de casos que ingresan, readecuándose los roles. El Fiscal investigará y acusará, y el juez resolverá y controlará la investigación. De esta manera quedarán bien delimitadas las funciones de los protagonistas fundamentales en todo proceso penal. Las funciones de acusar y juzgar están bien diferenciadas, honrando el principio del contradictorio y que en definitiva fortalece la imparcialidad del juez, y contribuye a la transparencia del procedimiento. Si bien toda la academia elogia la propuesta de una justicia más rápida,  deberán extremarse los recaudos en causas de mediana o gran complejidad para evitar que la indefinición termine liberando de responsabilidad a quienes violan la ley. Se comienza a saldar una deuda con la sociedad que necesita recuperar la confianza en los grandes y modernos principios que inspiran el proceso penal contemporáneo. Los jueces con la nueva reforma pasarán a ser garantes de la legalidad del proceso mientras que los fiscales con mayor poder tendrán en sus manos la gran responsabilidad de promover la investigación, archivar las actuaciones y también reunir el caudal probatorio que consolide la acusación. A no equivocarse la transición de un Código anacrónico a esta reforma necesaria y saludable en manera alguna importa una amnistía para quien delinque y menos aún la prescripción de las causas en trámite, sino dotar de versatilidad a los operadores judiciales en la lucha diaria contra el delito, fortaleciendo las garantías procesales del justiciable de fuerte raigambre constitucional. 

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16