Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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ALCANCES JURIDICOS DEL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES EN SEDE PENAL (PROCEDIMIENTO NACIONAL) Comercio y Justicia 24-10-14

A menudo una confusión desconcertante aviva un interrogante, que gira en torno a los verdaderos alcances del cierre de la investigación en el proceso penal. La propia ley de rito establece y regula las formas en que concluyen los procesos. En efecto, los supuestos que contempla el procedimiento penal a nivel nacional, parecen no dejar dudas. Así pues, el sobreseimiento como decisión jurisdiccional que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta,  encuentra claramente descripta su procedencia a través de cinco incisos en el art. 336, luego la Sentencia absolutoria de conformidad a lo previsto por el art. 402 del C.P.P.N. o bien la Sentencia condenatoria de conformidad a lo previsto por el art. 403 del mismo cuerpo legal. Hasta aquí la cuestión no parece ofrecer mayores dificultades, sin embargo al socaire de las formas precedentemente señaladas, debe reconocerse la existencia de otras fórmulas alternativas que anuncian la culminación del procedimiento. En este escenario, resulta saludable destacar que la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito y el consecuente archivo de las  actuaciones, por no poder proceder ( art. 180 in fine y 155 segundo párrafo C.P.P.NN.), aparecen como medidas que en manera alguna pueden ser equiparadas a un cierre definitivo e irrevocable de la persecución penal. La cuestión bajo análisis amerita dar paso a algunas apreciaciones en torno a los alcances de la decisión que se adopta en torno a la intención de concluir con un proceso, debate que ha generado una encendida polémica. En medio de un gran interrogante entonces, algunas consideraciones esclarecedores se imponen con la fuerza de un mandamiento. La desestimación de una denuncia por inexistencia de delito, no hace cosa juzgada material, sino formal, por lo que aún homologada por el órgano jurisdiccional, la decisión en manera alguna, importa un cierre definitivo. Ergo el análisis de una nueva denuncia y/ o la valoración de nuevos elementos de prueba, habilitan la admisión, toda vez que se trata de una  decisión cuyo alcance es provisional, por lo que jamás puede conferírsele el rango de Sentencia definitiva. Debe quedar en claro que el archivo de las actuaciones, importa una resolución que se dicta in liminis litis, toda vez que no se ha agotado el tratamiento de la cuestión de fondo, revistiendo carácter meramente formal. Planteadas así las cosas, de surgir por ejemplo nuevos elementos de convicción que permitan acreditar ambos extremos de la imputación delictiva , esto es, la existencia del hecho histórico en su materialidad y la participación penalmente responsable del sindicado, la causa debe mantener su impulso, en procura de alcanzar la verdad real y así lograr se aplique la ley penal sustantiva. En este orden de ideas, resulta imperioso efectuar una interpretación armónica y no segmentada del orden jurídico, surgiendo de esta tarea, que la ley de rito en manera alguna asigna a todas las decisiones jurídicas el mismo alcance. Existen decisiones  que un órgano jurisdiccional puede  adoptar y que revisten la fuerza de cosa juzgada formal pero no material. El abordaje de esta temática, implica irremediablemente considerar la necesidad de entender que la cosa juzgada importa básicamente la inatacabilidad de una Sentencia, honrando el principio general de raigambre constitucional de inmodificabilidad de la misma, apareciendo inevitablemente la preclusión de la vía recursiva. Ahora bien, la cosa juzgada material en manera alguna debe confundirse cosa juzgada formal, espacio en el cuál la Sentencia recaída bien puede ser incuestionable  dentro de los límites del proceso en el cuál se dictó, pero sin  embargo resulta absolutamente posible arribar a una conclusión diferente en un proceso ulterior. En cambio cuando se habla de cosa juzgada material, resulta materialmente imposible atacar el decisorio por la vía recursiva, incluso inviable su revisión por cualquier circunstancia en otro proceso arribando a una conclusión distinta.-

 

COSA JUZGADA IRRITA-EL PROCESO FRAUDULENTO Existe en el Universo del derecho una permanente pugna entre lo justo y lo legal, debate que encierra argumentos que no son obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y los protagonistas del proceso penal vigente en nuestro país donde impera un sistema acusatorio adversarial, jueces, acusador público, querellante particular y defensores, deben estar  bien prevenidos de servir lo primero sin desdeñar lo segundo. Comercio y Justicia 23-8-17

ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. Comercio y Justicia 24-7-7

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16