Denuncian irregularidades en el Cementerio San Vicente
Caso Carina Drigani
Caso Celeste Montes
Caso Andrea Castana, asesinada en marzo 2015
Drazile imputado por la Cámara Federal de Casación Penal por el caso Alós
Femicidio Liz Funes, la justicia admitió a su hermana como querellante 2-5-16
Caso CBI ya son tres los detenidos: Rodrigo, Vega y Sarrafian
Solo una condena por la muerte de Jonathan Villegas
Caso Nehemías prisión efectiva a policia y guardacarcel
Huracanes sacuden a la Policía de la Provincia de Córdoba
La secretaria de la oficina de Violencia de género imputada por hurto y vinculada al femicidio de Urbaneja
Comisario Marquez condenado por detenciones ilegales
Caso Hernán Sánchez
Femicidio Ingrid Vidosa
Siete imputados por violencia policial- Pasan a retiro a comisarios
Marcos Roldán desaparecido en diciembre 2013 Chile
Histórico juicio por la contaminación de Bº Ituzaingó
Promueven acción penal por el parto en el baño del neonatal
Paola Pedraza, llega a juicio por caso de discriminación

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LA INCONVENIENCIA DEL JUICIO ABREVIADO EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD REAL, Comercio y Justicia 29-8-14

Como bien se sabe, uno de los más nobles y ansiados objetivos del procesos penal es alcanzar la verdad real, y en esta dirección acreditados ambos extremos de la imputación delictiva, lograr se aplique la ley penal sustantiva. En nuestro régimen procesal penal, las funciones de acusar, juzgar y defender, se encuentran bien diferenciadas, honrando el principio del contradictorio, fortaleciendo en definitiva por un lado la imparcialidad del juzgador y desde otro costado el principio de inviolabilidad de defensa en juicio. Se erige como una verdad apodíctica que entre acusación y sentencia debe mediar una conexión que se nutre del cuadro probatorio que permitirá o no, según corresponda, acreditar por un lado la existencia del hecho histórico en su materialidad y por otro la participación penalmente responsable del acusado  respecto del mismo. En sintonía con esta línea de pensamiento bien sabido es que las bondades del proceso penal por su inmediatez, publicidad, exclusividad del juzgador, el carácter contradictorio etc, sugieren la importancia del debate al tiempo de ingresar a un juicio bajo la modalidad de “ abierto”  frente a crímenes aberrantes, donde la confesión del imputado, por más llana e incondicional que aparezca y acuerdo que exista entre el acusador público, el Tribunal y los defensores, puede lesionar el objetivo  de preservar el orden público y la preservación de los intereses de la sociedad entera. El art. 415 del C.P.P. abre una puerta para el acusado, que en muchos casos representa indisimuladamente una clara ofensa a los principios rectores del derecho penal contemporáneo, que de manera unánime e inequívoca garantizan la integridad física, la vida, el honor, la libertad y el patrimonio de las personas, pulverizando el resto de confianza pública respecto de los verdaderos alcances de la función judicial. La ley de rito a través de la norma precitada expresa “Si el imputado confesare circunstanciada y llanamente su culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el Tribunal, el fiscal y los defensores. En tal caso, la Sentencia, se fundará en las pruebas recogidas en la investigación penal preparatoria y no se impondrá al imputado una sanción más grave que la pedida por el Fiscal”. A no dudarlo , la casuística nos informa permanentemente que en medio del desarrollo del debate, se generan situaciones  imprevistas desde las posibilidades que la oralidad concede, permitiendo conocer respecto de un determinado hecho criminal por ejemplo, situaciones desconocidas o bien conocidas parcialmente, que generan un panorama distinto, y que inexorablemente  ameritan dar paso al planteo del hecho diverso, conforme lo dispuesto por el art. 389 del C.P.P. o bien ampliar la acusación en los términos del art. 388 del mismo cuerpo legal, posibilidad esta que no existe frente a un cierre prematuro de la instancia de debate, premiándose inmerecidamente una conducta criminal despiadada, sin darle posibilidad al querellante de oponerse. Sólo a modo de ejemplo basta con considerar cuanta injusticia encierra un acuerdo al que arriba el Fiscal, Defensor y Tribunal , pautando como única sanción punitiva una condena a 12 años de prisión frente al supuesto del acusado que llega al debate imputado de Homicidio Simple, cuando existen posibilidades ciertas de ampliar la acusación y mudar por tanto la calificación legal con una escala penal que lejos de contemplar un mínimo de 8 y un máximo de 15, impone la sanción de prisión perpetua. Desde otro costado  negarle la posibilidad al Querellante Particular de participar, impugnar u oponerse a tal acuerdo, importa una verdadera injusticia, dejando al desnudo las groseras contradicciones de  nuestro sistema procesal penal en orden a  los principios que lo inspiran. Entiéndase bien, el mecanismo previsto para el juicio abreviado, para determinados hechos criminales que llegan a la instancia de debate, aparece como inconveniente, limitando el objetivo de la función judicial, encorcetando peligrosamente el proceso, dando la espalda al ofendido penalmente, sus herederos forzosos, representantes legales etc. Entonces para determinados casos, la realización del juicio abierto común , nos permitirá desde la vigencia plena de los principios de inmediatez de la prueba, con la realización de un juicio oral, público y continuo dimensionar el verdadero escenario en que acontecieron los sucesos históricos y resolver en consecuencia. Se trata de un derecho que reconoce su raíz en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante PIDCP y resulta aplicable al juzgamiento de todos los delitos sin excepción alguna (Maier, Julio B:J: y Bovino, Alberto, El Procedimiento Abreviado, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2.007 – 53-96-Procedimiento Abreviado y Juicio por Jurados). Desde otra óptica, por imperio del art. 18 de las C.N. la realización del juicio propiamente dicho, se erige como la etapa más importante en el procedimiento penal, respetando por cierto garantías de corte constitucional y los elementales principios que nutren el proceso, defensa en juicio, el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción, igualdad ante la ley etc. Precisamente el principio de igualdad ante la ley, se encuentra atravesado por el dispositivo legal del art. 415, por cuanto  no confiere  participación activa en la realización del juicio abreviado, lesionando de manera directa y arbitraria el derecho de defensa en juicio, afectando dos aspectos centrales del mismo A) El control de la prueba de cargo B) La producción de la prueba de descargo, ya que en la instancia cuestionada, no hay posibilidad de desplegar actividad probatoria alguna, limitándose el Tribunal a valorar los elementos de convicción colectados en la etapa preliminar. El espíritu de tranquilidad de haber realizado lo justo, jamás se alcanzará, limitando la valoración de la prueba. De manera pacífica la doctrina ha aceptado a lo largo de años que el acusado por imperio de su propia voluntad no puede optar por  un veredicto condenatorio, sin que su condición de culpable sea efectivamente declarada en Sentencia firme producto de la realización de un juicio. Por su carácter no contradictorio, el juicio abreviado para determinados casos desnuda entonces, la incapacidad de un sistema procesal para permitir demostrar y acreditar la entidad de la imputación en términos razonablemente confiables.

 

 

 

 

COSA JUZGADA IRRITA-EL PROCESO FRAUDULENTO Existe en el Universo del derecho una permanente pugna entre lo justo y lo legal, debate que encierra argumentos que no son obra de dramaturgos ni de novelistas, sino producto de la vida realidad, y los protagonistas del proceso penal vigente en nuestro país donde impera un sistema acusatorio adversarial, jueces, acusador público, querellante particular y defensores, deben estar  bien prevenidos de servir lo primero sin desdeñar lo segundo. Comercio y Justicia 23-8-17

ALCANCES DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL El abordaje de esta temática de manera adecuada e integral , exige un tratamiento armónico  desde la óptica de la normativa de fondo y de forma , aunque diferenciado en lo que hace a dos aspectos de gran importancia, uno el estrictamente procesal y el otro vinculado a la cuestión sustancial. Comercio y Justicia 24-7-7

 HECHO DIVERO- LA MUTACIÓN DE LA ACUSACIÓNLa gramaticalidad de la norma del art. 389 (Ley 8123) del C.P.P. dibuja un horizonte nuevo en materia de política criminal, previendo el mecanismo que regula el procedimiento del hecho diverso, iluminando el sendero procesal que debe respetarse en la materia a fin de evitar las consecuencias nocivas que genera la retrogradación procesal a un estadio anterior. Así pues, la norma en su texto reza: “ Si del debate, resultare que el hecho es diverso del enunciado en la acusación, el Tribunal dispondrá, por auto, correr vista al Fiscal de Cámara para que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior….” Comercio y Justicia 26-6-2017

LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA- EL EQUILIBRIO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES: La reforma introducida a nuestro Código Penal  a través de la Ley 26.551, representa un significativo  avance  en el diseño de un nuevo paradigma en  materia de política criminal en lo referente a la protección de libertad de expresión, sin descuidar sin embargo la tutela de los derechos individuales al tiempo de penalizar determinadas expresiones  agraviantes o que importan una clara atribución calumniosa. Comercio y Justicia 1-6-17

LA SALUDABLE PARCIALIDAD DE LOS FISCALES: El elenco de garantías consagradas en materia penal, inevitable desprendimiento del art. 18 de la Constitución Nacional, fortalece de manera irrestricta los tres pilares fundamentales del procedimiento en materia criminal, con tres funciones operativas  diferentes, acusación, defensa y prueba, escenario en el que los representantes del Ministerio Público con independencia funcional y de criterio,  son fieles defensores de  los intereses de la sociedad toda, aunque sin convertirse en órganos ciegos e irreflexivos, premisa básica para preservar la legalidad del interés público. Comercio y Justicia 9-5-17

 

EXCEPTIO VERITATIS- LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD PENAL La  protección penal efectiva del derecho al honor  y los límites de la respuesta punitiva en los tipos delictivos de Injurias y Calumnias, se aprecia en su verdadera dimensión jurídica en la prueba de la verdad “Exceptio Veritatis”. La procedencia de este beneficio en materia de imputaciones delictivas o acusaciones agraviantes,  reconoce su fundamento en la necesidad de alcanzar la efectiva protección  del interés social superior que prevalece sobre el individual, fortaleciendo los criterios de persecución penal en contra de los auténticos responsables de actividades ilícitas, eximiendo de responsabilidad penal a los que obran mediando causales de justificación eximentes de responsabilidad. Comercio y Justicia 17-4-17

LOS PELIGROS DE LA ERA DIGITAL Y EL ROBO DE IDENTIDAD Un verdadero sismo ha generado en nuestra  sociedad la incursión de novedosas modalidades delictivas que enmudecen e inmovilizan  .  Repugnantes  conductas que  ocultan el verdadero rostro de quien delinque desde la oscuridad , enfundado en  un disfraz que oculta el peligro real , y que exhibe técnicas que  perfeccionan peligrosamente su estilo en el tramo ejecutivo de  cada acción delictiva. Se trata de la inclemente irrupción de desconocidas actividades que asoman desde el horizonte de la ilegalidad y que se fortalecen peligrosamente al ritmo del desarrollo a nivel mundial del fenómeno de la globalización Comercio y Justicia 23-3-17

REGIMEN PENAL JUVENIL-EDAD DE IMPUTABILIDAD-EL DEBATE PENDIENTE En los últimos días, una frenética carrera de noticias  recorre la redacción de los principales medios de comunicación , anunciando casi como una solución mágica , frente al sismo que en nuestra sociedad genera la arremetida de la delincuencia juvenil en sus más variados ataques, bajar la edad de la imputabilidad de los menores de dieciséis a catorce años, inaugurando en materia de política criminal un esquema normativo de fondo, cuyo objetivo tal como se lo concibe no es otro que frenar el embate  de un inclemente incremento de la ola delictiva juvenil de la que participan activamente menores de edad,  sin tener en cuenta que la experiencia a nivel mundial en materia criminal, ha demostrado que el incremento  de los índices de criminalidad, no se compadece  con la severidad del régimen punitivo, bajando la edad de imputabilidad ni encarcelando a menores en proceso de desarrollo Comercio y Justicia 20-2-17

LA TEORIA DE LA ADECUACION SOCIAL Y LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA  PENAL Toda sociedad aspira a que cada uno de sus integrantes cualquiera sea su actividad, destino, posición económica, nivel cultural, religión etc  adecúe su conducta al régimen legal en vigencia, asumiendo una actitud civilizada, contexto en el que no resulta prudente ni admisible admitir la justificación de determinados comportamientos que transgreden el umbral de lo permitido, invadiendo el terreno de la ilegalidad so pretexto de ausencia de impacto por la nimiedad del perjuicio ocasionado en el desarrollo de estas acciones o por las características particulares que reviste la modalidad comisiva. Comercio y Justicia 9-2-17

EL CODIGO PENAL Y EL INFAME NEGOCIO DE LA MUERTE en los últimos años, la crónica policial con alarmante frecuencia nos ilustra acerca de prácticas perversas vinculadas a comportamientos humanos tan infames como indescifrables, tan cobardes como inaceptables, escenario donde un inadmisible vacío legal a la hora de reprimir determinadas inconductas generan desconcierto, desasosiego y hasta alarma social,  quedando al desnudo una inclemente realidad que viola las leyes de una nación y ofende a Dios Comercio y Justicia 15-12-16